La norma, impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y aprobada el 26 de marzo de 2026, actualiza tres leyes clave del sector y reconoce la vivienda cooperativa, las empresas de inserción, el comercio justo y la contratación pública responsable como ejes estratégicos.
En Canarias, muchas de las respuestas a los grandes retos sociales del archipiélago llevan años funcionando desde la economía social y solidaria (ESS). El acceso a la vivienda, la inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad, la transición energética justa o las relaciones comerciales equitativas no son conceptos abstractos para las entidades que forman parte de Red Anagos. Son su razón de ser.
Por eso la aprobación de la Ley Integral de Impulso de la Economía Social es una buena noticia. El Congreso de los Diputados dio luz verde a la norma el pasado 26 de marzo, con el respaldo del conjunto del sector. La ley actualiza y aglutina en un único marco tres leyes previas —la Ley de Cooperativas, la Ley de Empresas de Inserción y la Ley de Economía Social— y da reconocimiento legal a modelos que ya demuestran que otra economía es posible. Su aprobación cuenta con el apoyo de CEPES, la principal patronal del sector, de la que forma parte REAS Red de Redes, la red confederal a la que pertenece Red Anagos como red territorial en Canarias.
Lo que cambia con esta ley
Vivienda cooperativa en cesión de uso. Por primera vez en el ámbito estatal, la ley reconoce explícitamente este modelo y lo protege fiscalmente, diferenciándolo con claridad del cooperativismo orientado a la transmisión en propiedad. La vivienda se adjudica en régimen de uso, la relación entre la cooperativa y la persona socia es societaria y no un contrato de alquiler, y la cooperativa debe operar sin ánimo de lucro. En un territorio como el canario, donde el acceso a la vivienda es uno de los problemas más urgentes, este reconocimiento abre una vía concreta desde la economía social.
Empresas de inserción. La norma actualiza y amplía los perfiles de personas que pueden ser atendidas, adaptándose a la realidad social actual y blinda la naturaleza social de estas entidades: el capital debe estar en manos de organizaciones sin ánimo de lucro, los excedentes han de reinvertirse en la actividad y las entidades promotoras deben acreditar experiencia real en el ámbito de la vulnerabilidad.
Comercio justo y transición ecológica. La ley reconoce el comercio justo como parte de la economía social e insta a los poderes públicos a promoverlo como herramienta para una transición socioecológica justa. También incorpora las comunidades energéticas y otras iniciativas de transición ecológica que democratizan el acceso y la gestión de la energía.
Contratación pública responsable. La norma eleva el porcentaje de contratos del sector público reservados para empresas de inserción y avanza hacia una compra pública concebida no solo como mecanismo de adquisición, sino como instrumento de impacto social. Este avance refuerza el trabajo que Red Anagos desarrolla a través del Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias.
Un marco canario que ya marcaba el camino
Canarias cuenta desde 2022 con su propia Ley de Economía Social, que reconoce la competencia exclusiva de la comunidad autónoma en el fomento y ordenación del sector. Esa norma ya señalaba entonces un dato significativo: que la economía social en las islas estaba infradesarrollada respecto al conjunto del Estado, con apenas el 1,2% de las cooperativas españolas. La nueva ley estatal no sustituye ese marco canario, sino que lo refuerza. Que Canarias llegue a este momento con legislación propia y con un tejido organizado —como el que articula Red Anagos— es una ventaja real para traducir estos avances en impacto concreto en el territorio.
El reto ahora es la implementación
Aprobar la ley es el primer paso. Desde REAS Red de Redes se subraya que su impacto real dependerá de que cuente con recursos suficientes, de que profundice en el reconocimiento específico de la Economía Social y Solidaria y de que el sector siga teniendo voz en el diseño de las políticas públicas que la desarrollen.
La economía social en España representa hoy el 11% del PIB y genera más de 2,25 millones de empleos directos e indirectos en cerca de 130.000 empresas y entidades. En Canarias, ese tejido tiene nombre y cara concreta en las entidades que forman parte de Red Anagos. Seguimos trabajando para que este nuevo marco legal se traduzca en realidades concretas para ustedes y para el conjunto del archipiélago.