“Los países europeos han tenido mayor voluntad política en unos días para iniciar las próximas expulsiones de personas refugiadas a Turquía que toda la que han demostrado durante meses para acogerlas”, lamenta Estrella Galán, secretaria general de CEAR.
Tras conocer de primera mano la situación en la isla de Lesbos, la organización denuncia que el anterior campamento de Moria se ha convertido en un centro de régimen cerrado custodiado por la policía y que se obliga a posibles solicitantes de asilo a subir esposados a los barcos sin informarles de su destino. Unos traslados que se hacen según la nacionalidad y sin tener en cuenta que los afectados pueden ser víctimas de algún tipo de persecución y por tanto merecedoras de protección internacional. Además, desde CEAR critican que se impida al personal voluntario atender a los refugiados como lo vienen haciendo desde hace meses.
Asimismo, CEAR lamenta la inacción de las autoridades europeas ante la situación en la frontera cerrada de Idomeni donde desde hace un mes permanecen más de 10.000 personas durmiendo en tiendas a la intemperie en medio del lodazal y en condiciones infrahumanas, así como la de los más de 50.000 solicitantes de asilo que se encuentran actualmente atrapados en Grecia, muchos de ellos hacinados en hangares, antiguos puertos y aeropuertos.
El papel de España
CEAR lamenta que el Gobierno español en funciones haya aprobado un acuerdo inmoral e ilegal con un mandato contrario del Parlamento y sin el apoyo ciudadano. Además, España se encuentra entre los 20 países que ya han ofrecido a funcionarios para aplicar las expulsiones.
“Durante meses las tareas de rescate en Lesbos las han asumido voluntarios y ONG y las reubicaciones se han realizado a cuentagotas por falta medios. Duele ver ahora cómo los países europeos no pierden un minuto en ofrecer recursos para vulnerar derechos humanos”, denuncia Galán.
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